El Tercer Tribunal Ambiental ordenó la medida cautelar de paralización total de obras de la inmobiliaria Petrohué Riverside, ubicada a la altura del kilómetro 17 de la Ruta V-69, en la comuna de Puerto Varas.
El dictamen fue emitido el pasado viernes 6 de enero por ese tribunal, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una demanda de reparación por daño ambiental en contra de la inmobiliaria, en el mes de noviembre del año pasado.
El abogado del CDE, Mauricio Flores, explicó que “la demanda busca que el Tribunal Ambiental declare la existencia del daño ambiental por parte de los demandados y que los responsables sean condenados a repararlo, mediante una serie de medidas de reparación, compensación y mitigación”.
La sentencia emanada por el tribunal con sede en Valdivia precisa que la inmobiliaria debe cumplir con “la paralización absoluta de las obras” del proyecto, que contempla la habilitación de 320 lotes de media hectárea cada uno, en una superficie de 278 hectáreas, a orillas del río Petrohué y en medio de dos áreas protegidas por el Estado: el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y la Reserva Nacional Llanquihue.
En uno de sus puntos, el expediente establece que “les estará prohibida la tala de bosque nativo y erradicación vegetal, la construcción de caminos, la excavación de zanjas de drenaje y pozos para la extracción de agua, la construcción de taludes o terrazas y movimientos de tierras en general, la intervención de quebradas y cauces, la postación e instalación de cableado eléctrico, el levantamiento de deslindes con cercos o murallas de todo tipo, así como la construcción de viviendas en lotes de propiedad de los demandados, así como cualquier otra obra que suponga una perturbación del medio ambiente o de alguno de sus componentes”.
Al mismo tiempo, se acordó en el documento que queda prohibido el ingreso de trabajadores, maquinarias, herramientas, materiales y enseres al lugar de las faenas.
Esta acción legal tuvo su origen en informes de fiscalización que llevaron a cabo, durante el año 2022, entidades como el SAG, Conaf, Sernageomin y la Municipalidad de Puerto Varas, cuyas pesquisas determinaron que Petrohué Riverside había ejecutado obras de urbanización, subdivisión y loteo con fines inmobiliarios, sin autorización, al margen de la regulación, sobre una área de riesgo volcánico y de inestabilidad de suelos, no considerando la planificación urbana y la normativa ambiental.
