Este lunes comenzó el juicio en contra del exalcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, acusado de organizar un viaje con fondos municipales a Bariloche, Argentina, lo que significó una defraudación en más de $5 millones a las arcas de la casa edilicia en 2015.
El exjefe comunal justificó el viaje asegurando que tenía como fin generar relaciones de negocios turísticos entre ambas comunas. Sin embargo, entre las irregularidades detectadas es que una de las personas invitadas a participar de la delegación estaba su entonces pareja.
Es por lo anteriormente expuesto que Berger debe enfrentar las acusaciones en su contra que presentó la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Puerto Varas ante el Tribunal Oral en Lo Penal de dicha ciudad.
La presidenta de la Sala, Priscila Miranda, indicó que la exautoridad abusando de su cargo realizó maniobras y consintió la defraudación al municipio por el viaje.
El persecutor Daniel Alvarado indicó que cuando se realizó el viaje, en Bariloche se celebraban las elecciones del intendente, que es la autoridad de dicho país que equivale al rol del alcalde, por tanto, nadie los atendió ni esperó.
Ante eso -añadió- se firma informalmente un acta de compromiso con una agrupación de artesanos de Bariloche, la que ni siquiera tenía la firma del presidente de la organización. Según precisó, estos inconvenientes surgieron porque el viaje se organizó un día antes, el 4 de octubre de 2015.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejos, detalló que parte de las agravantes del caso está que se invitó a una persona externa no funcionaría al viaje, que se conocería más tarde, era su entonces pareja.
Desde el municipio, también querellante en la causa, indicaron que ese actuar se trasgredió la confianza de los funcionarios de la casa edilicia, aseveró la abogada Anaís Barahona.
El abogado que representa al exalcalde, Carlos Jiménez, afirmó que la única falta cometida fue la omisión, atribuyendo la responsabilidad de la mala organización a la comitiva que viajó.
Según constató la presidenta de la audiencia, el Ministerio Público solicita 5 años de presidio y un pago de una multa por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones del Estado.
FUENTE: www.biobiochile.cl
