
Una acción no vista hasta ahora adoptó el Gobierno Regional de Los Lagos, al requerir a través de una medida precautoria prejudicial, que se congelara una cuenta bancaria con 767 millones de pesos transferidos al Instituto de Promoción Agraria (Inproa), luego que esta entidad privada no hubiese devuelto los montos no ejecutados y tampoco firmara el acta de cierre anticipado del programa que llevó a cabo durante 2023.
La acción del Gore busca evitar repetir lo ocurrido con la Corporación Kimün, que a la fecha no ha devuelto mil 200 millones de pesos a las arcas regionales, en un hecho que investiga la Fiscalía en el marco del denominado Caso Convenios, según lo dado a conocer por diario El Llanquihue.
En el caso del Instituto de Promoción Agraria (Inproa), tras la firma del convenio respectivo que se produjo el 26 de diciembre de 2022, el Gore Los Lagos le transfirió de manera directa la suma de $993.045.000 para la ejecución del programa “Recuperación Producción y Fertilización de Productos Agropecuarios de AFC”, según consta al consultar el sitio web del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.
Según comentó el consejero regional Alexis Casanova, las alarmas al interior del Gore se encendieron hace algunas semanas, luego que el administrador regional (S), Luciano Belmar, solicitara al regreso de sus vacaciones un informe con el estado de los programas en proceso de cierre y el avance de sus rendiciones.
De acuerdo a la información que logró obtener el CORE, en el caso de Inproa, sólo habían entregado una rendición por menos de 200 millones de pesos.
El administrador regional (s) solicitó entonces autorización al gobernador regional y a la jefa Jurídica del Gore, Fabiola Yáñez, para revisar la cuenta bancaria a la cual se habían transferido los recursos.
Luego de comprobar físicamente que en dicha cuenta se mantenía un saldo de $767.103.038, se decidió solicitar el congelamiento de dichos fondos a través de una medida precautoria prejudicial que se tramitó de manera expedita a través de la presentación de los antecedentes ante el 1° Juzgado Civil de Puerto Montt.
Según explicó el propio gobernador Patricio Vallespín, “lamentablemente con Inproa la última comunicación que recibimos de ellos fue a inicios de abril y no tuvo relación con responder a la restitución del saldo no ejecutado. A la fecha, la suma rendida por ellos, y aprobada por el Gore, alcanza los $193.395.261, por lo que aún deben restituir la suma de $799.649.739, correspondiente a los montos no ejecutados. Esta situación fue comunicada a Inproa en marzo y desde entonces no tuvimos una resolución de parte de la institución, por lo que tomamos la decisión de iniciar las acciones legales correspondientes para obtener el reintegro de los recursos observados y no rendidos y en las próximas semanas se presentará la demanda civil correspondiente para obtener el reintegro de los montos no ejecutados”.
Dado que los montos precautoriados son insuficientes para asegurar los recursos del Gobierno Regional a restituir (es decir, los $799.649.739), el gobernador comentó que se inició además el cobro de la garantía por el valor de $66.203.000, la cual consiste en una póliza de seguros, “puesto que, como lo hemos demostrado desde siempre, todos estos programas tenían documentación de garantías que resguardaban el erario público. No vamos a titubear cuando se trata de cautelar el buen uso de los recursos”, apuntó.