Un grave caso de presunta violencia obstétrica y vulneración de derechos mantiene en el centro de la polémica al Hospital de Puerto Montt, luego que una mujer con discapacidad intelectual certificada, embarazada de 38 semanas, terminara dando a luz en su hogar tras ser enviada en dos oportunidades de regreso a su casa desde el recinto asistencial.
Se trata de Elizabeth Vázquez, quien acudió al hospital presentando síntomas evidentes de trabajo de parto, siendo evaluada y dada de alta en ambas ocasiones. Horas más tarde, la mujer debió enfrentar el nacimiento de su hijo en su vivienda, situación que generó preocupación e indignación en su familia.
Ante estos hechos, el diputado Mauro González sostuvo una reunión con los familiares de la afectada y exigió la renuncia inmediata del director del Hospital de Puerto Montt, Dr. Ricardo Quezada, además de solicitar la intervención directa del Ministerio de Salud.
Nos hemos reunido con Irma Vázquez, hermana de Elizabeth Vázquez, la mamá que en dos oportunidades fue al Hospital de Puerto Montt con trabajo de parto y fue derivada a su casa, lo que trajo como consecuencia que diera a luz a su hijo en su hogar, con todo el peligro y la emergencia que eso significa para ella como para su pequeño. Por eso esto es inaceptable, más aún cuando esta mamá tiene discapacidad intelectual, afirmó el parlamentario.
González fue enfático en señalar que deben existir responsabilidades administrativas y políticas por lo ocurrido.
Acá se deben asumir las responsabilidades. No podemos esperar sumarios o investigaciones. El director del hospital, como jefe superior del servicio, el señor Quezada, debe dar un paso al costado y presentar su renuncia. El Ministerio de Salud debe tomar control sanitario de la región y nombrar un director suplente mientras se realiza el proceso de Alta Dirección Pública, manifestó.
Asimismo, el legislador informó que ingresó un oficio dirigido a la ministra de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales, solicitando antecedentes detallados sobre el caso y las acciones adoptadas por la autoridad sanitaria.
Entre los requerimientos se encuentra un informe sobre el cumplimiento de los protocolos obstétricos y de atención a personas con discapacidad, además del estado de los sumarios administrativos en curso y las medidas de contingencia que se implementarán para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Finalmente, González sostuvo que las familias afectadas merecen respuestas concretas y que el Ministerio de Salud debe actuar con urgencia para esclarecer los hechos y garantizar una atención digna y segura a las mujeres embarazadas de la Región de Los Lagos.
