Por ser parte investigada, el juez Francisco Almonacid, del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, rechazó la querella presentada por el Gobierno Regional (Gore), en el marco de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público en el llamado Caso Convenios.
Según publicó este lunes diario El Llanquihue, la determinación fue conocida en la audiencia de formalización de Diego Ancalao, donde se revisaron las querellas presentadas por el senador Fidel Espinoza (PS) y por el Gore Los Lagos.
“Fuimos los únicos querellantes que participamos, ya que el abogado del Gore fue excluido y sacado de la sala de audiencias, en consideración a que el Ministerio Público y el juez señalaron que el Gobierno Regional es parte de la investigación. Es decir es (un organismo) investigado, por lo que no correspondía que interviniera como querellante. Además que su ley orgánica no los habilita en los términos que lo planteó el abogado para intervenir en la causa”, explicó el abogado Sergio Coronado, quien representa a Fidel Espinoza.
Según el ex fiscal, “en nuestra calidad de únicos querellantes, pudimos escuchar la formalización del Ministerio Público, en la que se imputaron delitos al señor (Diego) Ancalao, entre ellos la obtención fraudulenta de prestaciones del Estado, del artículo 470, número 8 del Código Penal, denominado coloquialmente como fraude al fisco y por lavado de activos del artículo segundo, que es uno de los delitos más complejos y delicados que existe actualmente en nuestra legislación”.
Respecto de la prisión preventiva, el único querellante de la causa sostuvo que se sumaron a la petición del fiscal (Marco Muñoz), “alegando que estaban todos los elementos. La existencia del hecho, la participación clara del señor Ancalao en base a antecedentes bien importantes que pudo exponer el fiscal y la necesidad de cautela que hacía imperiosa la prisión preventiva de Ancalao, considerando, entre otras cosas, la naturaleza delicada y urgente de ciertas diligencias que ha dispuesto el fiscal. Así que en base a eso solicitamos esta petición, la cual fue acogida en conjunto con lo que planteó el Ministerio Público”, argumentó.
En la querella presentada por Sergio Coronado, se solicita que se investiguen seis delitos: fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, lavado de activos y prevaricación administrativa.
