El Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros desarrolla una investigación por presunta estafa que afecta a varias personas en Puerto Montt, tras la detención de cinco implicados en un operativo realizado el 7 de agosto.
De los cinco detenidos, cuatro quedaron en prisión preventiva y uno con arresto domiciliario, luego de ser formalizados el 8 de agosto en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt por los delitos de estafa, asociación ilícita y falsificación de instrumento público.
Durante el procedimiento se incautaron celulares, dos vehículos y diversos medios digitales que habrían sido utilizados para la comisión de los ilícitos.
Según los antecedentes, los imputados habrían usado la identidad de distintas personas para solicitar préstamos bancarios con fines automotrices, logrando adquirir vehículos, algunos de alta gama. La Fiscalía aún investiga el número total de créditos falsos y la cantidad de dinero involucrada.
El abogado defensor y exfiscal Naín Lamas señaló que se trata de “una investigación compleja en la que, a través del sistema de suplantación de personas, terceros obtenían créditos para pagar aparentes ventas de vehículos, obteniendo luego dichos fondos”.
Agregó que será clave determinar si todos los involucrados actuaron de manera dolosa o si algunos fueron engañados en el proceso.
En conversación con Radio Sago, Josefa Astorga, abogada que representa a una de las víctimas, el doctor Alfredo Astorga, su hermano, dijo que es probable que los afectados estén repartidos en todo el país.
Cabe mencionar que el doctor Astorga vive en Los Andes y que nunca viajó a Puerto Montt a, supuestamente, comprar un vehículo marca Audi, que aún está a su nombre y que le trajo problemas al verdadero dueño.
En el caso del doctor Astorga, los imputados, donde hay ejecutivos de un banco, una automotora y el dueño y su hijo de una automotriz puertomontina, utilizaron los datos del facultativo para acceder a un crédito de 40 millones de pesos.
Sin embargo, la abogada de la víctima dice que el monto asciende a los 68 millones, no descartando acciones civiles en contra del banco por los daños que esta situación le ha generado a su hermano.
La jurista sostuvo que el banco falló en sus fiscalizaciones internas y actuó, dijo, de manera negligente, adelantando que acudirán a la justicia civil luego que concluya el proceso penal.
Asimismo, recalcó la importancia de resguardar los detalles y la identidad de los implicados para no entorpecer el avance de la investigación, recordando que “mientras no medie sentencia condenatoria, los imputados se presumen inocentes”, en línea con el principio de objetividad que rige la labor del Ministerio Público.
