Ayer jueves continuó la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, instancia en la que el juez Rolando Díaz, de la sala dos, decretó la prisión preventiva para los siete gendarmes detenidos, imputados y formalizados por los delitos de cohecho, soborno, lavado de activos, asociación criminal y Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de drogas), como elemento fundado respecto de hechos que involucrarían a otras personas.
El magistrado dispuso, además, un plazo de 200 días para el cierre de la investigación. En cuanto a la imputada civil Marcela Moreno, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Durante la audiencia, la fiscal Nathalie Yonsson, del Ministerio Público, anunció una apelación verbal respecto de la medida cautelar impuesta a la imputada civil, con el objetivo de que sea la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la que determine su situación cautelar. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Marcela Moreno.
Respecto del cumplimiento de la cautelar más gravosa, el juez Díaz ordenó que los siete gendarmes permanezcan en el Centro Penitenciario de Valdivia.
La causa se origina en una investigación que expuso hechos presuntamente ocurridos en los módulos 41, 42 y 43 del penal Alto Bonito, entre fines de 2023 y diciembre de 2025, donde, según lo planteado por la Fiscalía en audiencias previas, se habrían realizado cobros por alimentos y bebidas, además de la venta de elementos prohibidos y pagos para permitir conductas sancionadas por la normativa penitenciaria.
