Polémica ha generado la publicación del sitio puertonoticia.cl en la que se da a conocer una serie de irregularidades en las que estarían involucrados dos altos funcionarios de la administración del alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, tras la cual algunos concejales, entre ellos, el PS Sebastián Almonacid, ya han exigido los antecedentes respectivos en honor a la transparencia y probidad, “como Concejal de Puerto Montt oficiaré al alcalde Wainraihgt para solicitar explicaciones por esta grave situación. Imagino que el administrador municipal también estará al tanto de todo”, aseguró en sus redes sociales.
La información da cuenta que el pasado 4 de abril de 2025, un sumario administrativo realizado en la municipalidad de Palena propuso a través de su vista fiscal, la sanción de destitución y el término del contrato, respectivamente, contra dos funcionarios por faltas a la probidad. Lo anterior, en el marco de un procedimiento administrativo que buscó aclarar presuntas irregularidades acaecidas en el Departamento de Educación del municipio local.
Entre los investigados por estas posibles faltas destacan dos funcionarios que hoy trabajan en Puerto Montt y para quienes la vista fiscal del sumario instruido, recomendó la sanción de destitución y término del contrato. Los involucrados son el actual director de Administración y Finanzas del Municipio de Puerto Montt, Segundo Alarcón Segovia y el actual jefe administrativo del DAEM de la capital regional de Los Lagos, Marcelo Alvarado Huentelaf.
El sumario reveló una serie de graves irregularidades administrativas que comprometen la probidad y la gestión de recursos públicos en el departamento de educación en Palena. Sumario que se originó a partir de hechos presentados en una sesión del Concejo Municipal el 15 de noviembre de 2023 y que, tras ello, una integrante del concejo realizó la denuncia ante la Contraloría Regional, la que, luego de una investigación, estableció criterios de cuidado respecto a los antecedentes, que llevó al alcalde a instruir la apertura del procedimiento administrativo.
La investigación se centró principalmente en la gestión de pagos y recursos dentro del Departamento de Educación Municipal. Entre los principales hallazgos del proceso y que da cuenta la vista fiscal, destacan:
- Incumplimiento en el pago oportuno de cotizaciones previsionales: A pesar de haber sido autorizados los decretos de pago con fecha 12 de septiembre de 2023, la materialización del pago ocurrió fuera del plazo legal. Esta omisión es calificada como una conducta ineficiente y negligente.
- Uso indebido de fondos municipales para el pago de multas e intereses: Los funcionarios investigados, específicamente el jefe (S) de Educación, Marcelo Alvarado y el jefe de finanzas, Segundo Alarcón permitieron que las multas e intereses generados por el pago extemporáneo de las cotizaciones previsionales fueran canceladas con fondos municipales. Esto contraviene la Ley N°18.883 y constituye un uso indebido de recursos públicos.
- Adulteración de documentos: Se ha determinado que dos funcionarios implicados, participaron en la modificación de los valores consignados en los decretos de pago originales para incluir el pago de multas e intereses. Esta alteración es considerada un uso indebido de documentación reservada y adulteración de instrumento público y privado.
- Falta de probidad administrativa y transparencia: El uso indebido de fondos municipales para solventar sanciones derivadas del incumplimiento administrativo no solo refleja falta de integridad y transparencia en la gestión de dichos recursos, sino que agrava aún más la falta de probidad administrativa.
Posteriormente, la Contraloría reiteró la necesidad de continuar con la tramitación del sumario y el fiscal del proceso llegó a la conclusión de que la falta administrativa cometida por los funcionarios del departamento de educación ocurrió con el pleno conocimiento del alcalde, Julio Retamal, quien actuó sin tomar las medidas correctivas al momento de ocurrir los hechos.
En virtud del mérito del expediente, la vista fiscal ha propuso la aplicación de las siguientes sanciones disciplinarias:
- Marcelo Alvarado Huentelaf, ex jefe (S) del Departamento de Educación Municipal: Se propone la sanción de destitución. Esto se basa en que ha infringido el artículo 58, letra b) de la Ley N°18.883 al no orientar sus labores al cumplimiento de una mejor prestación de servicios, y ha cometido una grave negligencia produciendo serios perjuicios a la imagen y arcas municipales, transgrediendo el principio de probidad administrativa.
- Segundo Alarcón Segovia, ex jefe de finanzas del Departamento de Educación Municipal: Se propone la sanción de término de contrato. Esto se fundamenta en el término de contrato por infringir lo dispuesto en el artículo 160, punto N°1, letra a) del Código del Trabajo, relacionado con la falta de probidad en el desempeño de sus funciones.
Ambos funcionarios involucrados en estos actos reñidos con la probidad y cuya vista fiscal propone las sanciones más duras de la legislación, la destitución o el término del contrato respectivamente, fueron contratados en el Municipio de Puerto Montt bajo la administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt.
En el caso de Alvarado Huentelaf, fue incorporado en diciembre de 2024 como jefe administrativo del DAEM de Puerto Montt, recibiendo una renta bruta promedio de $3.770.809 pesos. Por su parte, Alarcón Segovia, hace ingreso al municipio en el mes de enero de 2025, como profesional del Departamento de Licitaciones recibiendo los meses de enero, febrero y marzo una remuneración bruta promedio de $3.223.461 y en el mes de abril asume en la planta directiva municipal, como Director de Administración y Finanzas del municipio porteño con una renta bruta de $4.759.901 pesos.
Junto a lo anterior, hoy se le responsabiliza al administrador Fernando Orellana, de no prever este escándalo, trayendo a colaborar al municipio local a dos personas que estaban en medio de un sumario por faltas a la probidad que finalmente termina dando por comprobadas las denuncia y proponiendo la sanción de destitución sobre los señores Alvarado y Alarcón.
Si bien, aún no existe claridad respecto a los efectos jurídicos sobre la continuidad en el servicio de los involucrados, de confirmarse por la Contraloría la destitución propuesta en la vista fiscal, muchos piden que se apliquen también responsabilidades políticas sobre los que tomaron decisiones para integrar a personas que eran investigadas por actos reñidos con la probidad administrativa.
Hasta el momento nadie desde el municipio puertomontino se ha referido a lo expuesto públicamente.
