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La Unidad de Análisis Criminal de la fiscalía regional de Los Lagos concluyó la formalización de 25 imputados por delitos forestales. La red operaba desde 2018 en la provincia de Chiloé, generando ganancias millonarias mediante la sustracción de madera y lavado de activos.
El fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Daniel Alvarado, detalló el modus operandi de la banda. La organización criminal habilitó caminos con maquinaria pesada y aplicó tala rasa en bosques nativos adultos. Esta acción afectó tanto a terrenos fiscales como particulares.
Las estimaciones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) revelan cifras devastadoras para la zona sur. Se destruyeron más de 112 hectáreas de bosque nativo y se construyeron 53 kilómetros de rutas ilegales. El avalúo del daño comercial y ambiental supera los 4.600 millones de pesos.
La madera usurpada era transportada hacia distintas barracas dentro y fuera de Chiloé para su comercialización clandestina. Tras la extensa audiencia en el Juzgado de Garantía de Castro, ocho acusados quedaron previamente con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Durante la última jornada, el tribunal rechazó la prisión preventiva para otros 17 individuos, otorgando medidas cautelares de menor intensidad. Ante este escenario judicial, el Ministerio Público apeló verbalmente la decisión para nueve de ellos, buscando insistir en su encarcelamiento preventivo.
El destino judicial de estos nueve imputados será resuelto próximamente por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Este caso representa uno de los operativos más significativos de los últimos años contra el crimen organizado y las mafias madereras en la Región de Los Lagos.
