El organismo, fundado durante el gobierno de Patricio Aylwin, cuenta actualmente con cerca de 380 trabajadores distribuidos a lo largo del país. Los recursos considerados en el presupuesto también permitirían cubrir indemnizaciones, honorarios, deudas con proveedores y otras obligaciones pendientes antes del término de sus actividades.
La eventual desaparición de Prodemu también genera incertidumbre entre las mujeres que participan en sus programas. Entre ellas se encuentran 942 beneficiarias de Mujeres Rurales, quienes actualmente cursan el segundo año de una iniciativa de tres etapas y podrían no alcanzar a completarla. A esto se suman otras 755 mujeres que ya quedaron fuera tras el término de un convenio durante el primer año del programa.
Desde el Ministerio de la Mujer atribuyen la compleja situación financiera de la fundación a decisiones adoptadas durante la administración anterior, particularmente tras el traspaso de las fundaciones vinculadas a la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Según la cartera, Prodemu acumula una deuda superior a los $2.600 millones y cerca del 80% de sus recursos se destina actualmente al pago de remuneraciones. El ministerio sostiene que busca garantizar la continuidad de los programas y que los recursos lleguen directamente a las beneficiarias.
