La profesional asumió la defensa de siete dirigentes de distintos sectores de la toma, quienes representan, según los antecedentes entregados, a unas 1.112 personas, entre ellas 404 menores de edad. En su propuesta de trabajo se comprometía a presentar recursos judiciales, gestionar reuniones con autoridades y buscar una alternativa de relocalización para las familias, asegurando que esta última medida ya había sido definida por el Estado.
Sin embargo, información entregada por el Ministerio de Vivienda puso en duda esa afirmación, ya que la cartera señaló que todavía no existía un plan de intervención aprobado ni una solución habitacional establecida para los afectados. Además, los recursos presentados por la abogada no lograron detener el procedimiento, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara las solicitudes para suspender el desalojo. El pasado 9 de noviembre comenzaron las primeras intervenciones en el campamento.
Carrasco confirmó que los dirigentes aceptaron y firmaron el contrato, además de reconocer que recibió un primer pago de $6 millones, dinero reunido mediante aportes de las propias familias. El saldo restante debía cancelarse antes de los alegatos judiciales, pero tras los últimos acontecimientos acordó postergar el cobro hasta que exista una resolución favorable de los tribunales que permita coordinar una solución habitacional.
