La propuesta tiene como principal finalidad fortalecer la protección de los consumidores frente a comunicaciones comerciales que reciben sin haberlas autorizado previamente. Además, busca establecer mecanismos que permitan identificar con mayor claridad este tipo de contactos.
El proyecto establece que las empresas deberán contar con el consentimiento previo, explícito y específico de las personas antes de realizar llamadas o enviar mensajes con fines promocionales o relacionados con cobranzas extrajudiciales.
En caso de que las disposiciones sean incumplidas, la iniciativa contempla sanciones económicas para los responsables, con multas que podrían alcanzar hasta los $72 millones.
