A través de una resolución administrativa el fiscal nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, aceptó la solicitud de renuncia que presentó el ahora ex fiscal de Puerto Montt, Marcello Sambuceti Correa.
El abogado, quien formaba parte del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Los Lagos, estaba suspendido desde principios de agosto luego que se descubrieran comunicaciones telefónicas que involucraban además a la administradora del Gobierno Regional, Viviana Godoy, hoy en prisión preventiva. Dicho antecedente surgió de la revisión de los equipos telefónicos incautados durante el primer allanamiento al Gore Los Lagos, realizado el 20 de julio.
Del análisis realizado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), trascendió que se encontraron mensajes de WhatsApp que tuvieron lugar el mismo día en que el gobernador Patricio Vallespín llevó 69 cajas con documentos para ponerlas a disposición de la investigación que lleva el fiscal Marco Muñoz, por las transferencias de recursos desde el Gore a entidades privadas, entre ellas fundaciones.
Tras enterarse por el persecutor de la causa de estas supuestas “asesorías directas”, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer resolvió suspender al fiscal Sambuceti e iniciar un sumario administrativo, el cual fue encargado al fiscal jefe de Castro, Enrique Canales.
La investigación sumaria cerró el 22 de septiembre, con la recomendación de destitución del referido fiscal. Sambuceti fue notificado de la conclusión del sumario y posteriormente, el 16 de octubre, interpuso un recurso de protección contra la fiscal regional y el fiscal que lo instruyó. Tras pasar por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y Valdivia, dicho recurso ingresó el pasado 30 de noviembre a la Corte Suprema y derivado a tramitación en la Tercera Sala.
No obstante, al aceptarse la renuncia de Sambuceti, la recomendación de sanción administrativa que había llegado a manos del fiscal nacional para su resolución quedaría finalmente sin efecto, situación que también ocurriría con el recurso de protección.
Además de la arista administrativa, existe contra Sambuceti una causa penal por el delito de tráfico de influencias, cuya investigación —aún vigente— se asignó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Las diligencias de esta investigación fueron entregadas a la PDI.
