El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió a tramitación una demanda presentada por un grupo de empresas de buses en contra de la Municipalidad de Puerto Montt y la concesionaria del Terminal de Buses, Inmobiliaria del Pacífico S.A. (IPSA), por el reajuste del 75% en la tarifa de uso de losa anunciado para 2026.
La acción judicial, ingresada bajo el Rol N° 544-26, cuestiona el acuerdo alcanzado entre el municipio y la concesionaria para regularizar multas e ingresos pendientes, sosteniendo que el aumento de la tarifa podría generar efectos anticompetitivos y eventualmente impactar en el precio de los pasajes.
No obstante, desde la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la Provincia de Llanquihue manifestaron su rechazo a la ofensiva legal de las empresas, advirtiendo que no aceptarán que esta demanda sea utilizada como argumento para justificar futuras alzas injustificadas en los boletos.
La organización recordó que la tarifa de uso de losa se encontraba congelada desde hace más de 20 años, dejando a Puerto Montt muy por debajo de los valores aplicados en terminales de ciudades comparables como Osorno y Valdivia, lo que contribuyó al deterioro del recinto. Además, según antecedentes entregados por el propio municipio, el impacto real de este reajuste en recorridos de mayor kilometraje debiera traducirse en apenas algunas decenas de pesos por pasaje, descartando efectos significativos para los usuarios.
En ese contexto, el presidente de la agrupación, Jordi Valenzuela Muñoz, señaló que “llama la atención que empresas que cuentan con recursos para litigar ante el TDLC y contratar estudios jurídicos de Vitacura intenten instalar la idea de que un ajuste de este nivel pone en riesgo su operación o justificaría un alza en los pasajes”.
Agregó que “si alguna empresa decide traspasar este costo de manera desproporcionada a los usuarios, no será por el valor del uso de la losa, sino por una decisión empresarial que nada tiene que ver con la protección de los pasajeros”.
Desde la agrupación enfatizaron que su posición es estrictamente pro-usuario y que cualquier actualización tarifaria debe ir acompañada de mejoras reales y verificables en seguridad, limpieza, orden e información dentro del terminal, junto con una fiscalización activa por parte del municipio.
Todo esto, tras la presentación de la demanda por parte de las empresas Buses Puerto Varas, Thaebus, Suyai, Interregionales y el empresario transportista Diego Vargas.
Cabe consignar que el reajuste fue aprobado por unanimidad del Concejo Municipal de Puerto Montt. En esa línea, la concejala Bárbara Cáceres señaló que “la medida se ajusta a la ordenanza vigente y responde a la urgencia de realizar mejoras que no pueden seguir postergándose”, advirtiendo que “mantener tarifas de hace más de dos décadas solo perpetúa el deterioro del terminal y perjudica a la ciudad y a sus usuarios”.
Finalmente, el TDLC rechazó la medida cautelar solicitada por las empresas para suspender el cobro del reajuste mientras se tramita la causa.
