En un importante vuelco judicial, el Juzgado de Garantía de Osorno revocó ayer viernes la prisión preventiva de dos de los ex funcionarios imputados por el delito de tortura en el Hospital Base San José, sustituyéndola por una medida cautelar de menor intensidad.
La audiencia de revisión fue solicitada tanto por el Ministerio Público como por la defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Claret Pool, quien representa a uno de los acusados.
La clave de la resolución judicial radica en la presentación de nuevos antecedentes que hasta ahora no formaban parte de la carpeta investigativa. Se trata de cinco videos y ocho fotografías que, de acuerdo con el defensor, “aportan antecedentes respecto a la dinámica de los hechos y que desvirtúan también la participación como víctima de la persona que filtradamente se dio a conocer a través de la prensa en el mes de septiembre”.
Durante su declaración a la salida del tribunal, el abogado Claret insistió en que el caso ha sido “mal denominado” como tortura, argumentando que los nuevos elementos probatorios sugieren que los hechos podrían no ser constitutivos de delito o, en su defecto, merecer una calificación jurídica distinta. “Lo que consigue esa evidencia es desvirtuar una existencia de daño hacia la víctima, y eso es lo que yo creo que es importante y es lo que debe ser destacado de esta audiencia”, señaló.
Un punto central de la argumentación de la defensa es el origen de la investigación. El abogado recordó que la causa no se inició por una denuncia de la presunta víctima, sino “de oficio por fiscalía porque hay una tercera persona, que está siendo investigada, que filtra videos”.
Según Claret, la evidencia demuestra que dichos videos “o corresponden a videos descontextualizados o videos que han sido arbitrariamente cortados para sacar el contexto de los hechos que ocurrían”. La defensa sostiene que esta manipulación buscaba presentar a la opinión pública “videos que sin duda son grotescos, pero que en ningún caso corresponden” a la realidad completa. Parte de la evidencia que no fue exhibida en la audiencia, según el abogado, mostraría a la presunta víctima “incurría en los mismos hechos contra otros de sus pares”.
Consultado sobre el contexto de los hechos, el jurista reconoció que el ambiente laboral en dicha unidad del hospital “podrá ser reprochable, podrán ser dinámicas que no deberían ocurrir”, pero que no tendrían la “connotación jurídico penal que se le está dando”.
Con esta resolución, se espera que los imputados, uno de los cuales se encuentra internado en el hospital por una afección física, dejen el centro penitenciario en las próximas horas, una vez que gendarmería sea notificada oficialmente por el tribunal.
