Una denuncia en contra de los concejales Marcia Muñoz y Emilio Garrido fue presentada ante la Contraloría Regional de Los Lagos, enmarcada en la recientemente promulgada Ley Karin, por parte de una funcionaria a contrata de la Municipalidad de Puerto Montt, quien los acusó de un supuesto hostigamiento laboral, acoso y persecución.
De acuerdo a lo informado por diario El Llanquihue, la trabajadora Paula Fritz, quien se desempeña como comunnity manager en el departamento de Relaciones Públicas, afirmó que el hecho que motivó la presentación a la Contraloría se originó durante la reciente celebración de Fiestas Patrias, fecha en la cual publicó en su red social personal un video de una reunión de camaradería con otros funcionarios municipales.
“Este video fue tomado sin mi autorización, reeditado y utilizado con fines difamatorios, afectando mi imagen y la de mis compañeros”, dijo, y aclaró que “la reunión se llevó a cabo en la oficina del alcalde, dado que las demás oficinas estaban siendo aseadas”.
La funcionaria aseguró que lo que ella considera se trataría de una persecución laboral y acoso, provino de los concejales Emilio Garrido y Marcia Muñoz, a quienes atribuyó desde comentarios despectivos, acoso verbal, hasta la revisión de sus redes sociales.
Esta denuncia surgió con posterioridad a que ambos ediles ingresaran el 25 de septiembre una solicitud de antecedentes dirigida a la alcaldesa (s) Jacquelin Paz, para que se instruya a la Dirección Jurídica y de Control la remisión de un informe, pronunciamiento y opinión técnica, “respecto de la legalidad y/o autorización de consumo de bebidas alcohólicas en recintos y/o dependencias municipales, especialmente por funcionarios municipales en el contexto de las recientes festividades patrias”, para lo cual efectivamente citaron a la referida cuenta de la red social Instagram.
Al respecto, Marcia Muñoz, quien dijo no conocer a la funcionaria denunciante, afirmó que “como concejal, mi rol es fiscalizador y garantizar que todo funcione correctamente en el municipio” y añadió que la Ley Karin “no puede ser utilizada de forma mal intencionada o errónea”.
