El diputado independiente por el distrito 26, Héctor Ulloa e integrante de la bancada PPD, denunció un nuevo caso de abuso sexual al interior del Hospital de Puerto Montt, en el que acusa a un médico de dicha repartición de salud pública.
El parlamentario dijo que hace dos días una madre se comunicó con su equipo y les relató que su hijo fue víctima de abuso sexual por parte de un médico del recinto asistencial, según dio cuenta Radio Bio Bio en la capital regional.
El profesional, cuyo nombre no reveló Ulloa, estaría suspendido de sus funciones.
“Este es un verdadero escándalo, tiene ribetes de extrema gravedad, donde lamentablemente la ministra de Salud (Ximena Aguilera) conociendo la realidad de estos antecedentes, por cuanto se los he hecho saber telefónicamente, no ha hecho nada para garantizar la debida transparencia, la debida objetividad en las investigaciones que tienen que seguir su curso”, criticó el diputado.
De igual forma, llamó a las autoridades del hospital a entregar todos los antecedentes a la justicia para que se actúe de manera urgente, protegiendo a las víctimas.
“Llamamos a la ministra de Salud a hacer lo que corresponde, a arbitrar las medidas necesarias para intervenir el Hospital de Puerto Montt, de manera de dar garantía de que estas situaciones no van a volver a ocurrir”, reforzó.
El diputado dijo que en los casos denunciados existe “una desidia, negligencia absoluta frente a los primeros antecedentes. Ellos cuestionaron la veracidad de los primeros antecedentes, no tenían conocimiento de los sumarios al interior del Hospital”. También aseguró que, si estos hechos se habrían registrado en un centro de salud de la región Metropolitana, ya “habrían rodado cabezas”.
Recordemos que previamente se habían presentado tres denuncias por presuntas violaciones al interior del Hospital de Puerto Montt. El primer caso corresponde a un funcionario, que se querelló por el delito de violación en contra de un técnico anestesista, que lo habría drogado mientras la víctima descansaba tras un turno largo.
Las otras dos corresponden a pacientes de la UCI Psiquiátrica, que aseguraron haber sido atacadas sexualmente por funcionarios cuando se encontraban sedadas.
