La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acogió el recurso de protección de la propietaria de un terreno en Frutillar, obligando a la delegada presidencial, Giovanna Moreira, a tomar medidas de seguridad, producto de la toma en el acceso al predio protagonizada por la comunidad Weichan Mapu, cuando se reunió con dicha comunidad mapuche, usurpadora de un terreno en el sector de Pantanosa.
Las determinación fue con el voto en contra del ministro Jean Pierre Matus, quien estuvo por revocar la sentencia en alzada y, “en definitiva, rechazar la acción de protección”, sostiene el fallo.
Recordemos que la toma del terreno donde se levantaban torres para energía eólica comenzó la mañana del 30 de junio de 2022, lo que incluso llevó a varios enfrentamientos entre agricultores e integrantes de la comunidad.
Uno de los hechos que gatillo la presentación del recurso, fue que la delegada sostuviera una reunión con la comunidad y no con los dueños del predio, que eran las víctimas.
Para el abogado, Juan Cristóbal Grünwald, que representa a la propietaria del terreno en Línea Pantanosa, el fallo significa que los propietarios del predio tienen razón en cuanto a que la Corte, estimó que “el actuar de la recurrida, de la delegada presidencial (Giovanna Moreira) fue arbitrario, por cuanto realizó algunas acciones tendientes a dar solución al conflicto, pero que esa respuesta no resultó suficiente, por lo que no se ha dado cuenta por parte de la delegada acciones concretas que permitan evitar la reiteración de los eventos denunciados”.
El fallo significa que la delegada presidencial, “tiene, en un breve plazo, que coordinar con las carteras ministeriales e implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de los propietarios del predio. O sea, si hubo vulneración por no haber actuado acorde a las necesidades de los recurrentes, entre lo cual también, obviamente, queda implícito el hecho de haberse reunido con los recurridos”.
Además, la sentencia indica que la delegada Presidencial, Giovanna Moreira, negó la conducta denunciada por la propietaria del predio, Jaqueline Pohl, y que además, acompañó la declaración con un informe policial confeccionado por Carabineros en el que constan cinco denuncias.
Estas últimas, corresponden a los delitos de usurpación violenta, violación de morada, daños simples, lesiones leves y amenazas simples contra, personas y propiedades.
Giovanna Moreira, delegada presidencial, sostuvo que respeta la decisión judicial, ya que va en la misma línea de lo que se ha estado ejecutando, es decir, “implementar un trabajo intersectorial para garantizar la seguridad pública y velar por el cumplir cumplimiento del Estado de Derecho”.
