A través de un oficio la Contraloría Regional de Los Lagos determinó la existencia de responsabilidades administrativas en cinco funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt, solicitando la aplicación de sanciones disciplinarias en el marco del polémico caso de la pileta.
De acuerdo a lo informado por diario El Llanquihue, entre los involucrados se encuentra Egidio Cáceres, jefe de la Unidad Jurídica, debido a la recepción provisoria y el pago de obras realizadas entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019 por un monto cercano a los 900 millones de pesos.
La Contraloría también formuló un cargo en contra del destituido alcalde Gervoy Paredes Rojas, argumentando que no ejerció el control jerárquico adecuado sobre Carlos Soto Ojeda, quien, actuando como alcalde subrogante, autorizó pagos sin la inspección técnica correspondiente ni las certificaciones de calidad requeridas. Esta falta de control vulneró las obligaciones del contratista, según el órgano fiscalizador.
La Contraloría ha solicitado que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, debido a la posible existencia de delitos. Asimismo, se propone aplicar multas equivalentes al 20% de sus remuneraciones y anotaciones de demérito para cuatro funcionarios de Secplan: Luis Matus Ramos, Marcelo Cubano Guerrero, Mario Mundaca Toro y Yanet Bustamante Mayorga, quienes aprobaron el acta de recepción de la tercera etapa de la pileta el 13 de junio de 2019.
El oficio del ente contralor ingresó el pasado 11 de octubre a la Secretaría Municipal y ya se encuentra incorporado a la tabla que el Concejo Municipal revisará en su sesión ordinaria de mañana miércoles, donde el cuerpo colegiado deberá emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad administrativa que se acreditó respecto del destituido alcalde.
