Un nuevo informe de la Contraloría General de la República sobre servidores públicos que habrían realizado trabajo remunerado estando con licencia médica, determinó que 49 funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt forman parte de un listado nacional de 6.311 servidores públicos que cometieron esta irregularidad.
La información corresponde a funcionarios del período 2023-2024, y la Municipalidad de Puerto Montt figura en el 17° puesto en un listado de 20 entidades con mayor cantidad de servidores que habrían realizado trabajos durante el período de reposo.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, recordó que en enero de 2026 el municipio inició un sumario administrativo luego de detectar que siete de sus funcionarios habían emitido boletas de prestación de servicios estando con licencia médica. Ello respondió a un plan maestro de fiscalizaciones internas, como parte de una nueva política de probidad en la casa edilicia.
“Ahora, la Contraloría emitió un informe de que 49 funcionarios municipales, estando con licencia médica, es decir, no pudiendo ejercer ningún oficio ni función, prestaron servicios externos a otros lugares y emitieron las respectivas boletas”, indicó.
Frente a estos hechos, el jefe comunal anunció que “vamos a iniciar los respectivos sumarios administrativos para ver si existen responsabilidades, y también vamos a enviar toda la información a nuestra Unidad Penal Municipal para ver si hay algún tipo de enriquecimiento ilícito o delito. Frente a ese caso, se van a remitir los antecedentes al Ministerio Público”.
Los sumarios se suman a investigaciones similares iniciadas luego de identificar a funcionarios que viajaron al extranjero y asistieron a casinos de juegos, estando con licencias médicas.
Del total de funcionarios que a nivel nacional figuran en la lista, 150 de ellos recibieron honorarios de parte de plataformas digitales de intermediación de servicios, como Uber, Cabify, CornerShop, Pedidos Ya, Rappi, Uber Eats, entre otras.
La Contraloría General de la República anunció que se notificará a las instituciones involucradas con el fin de que se inicien los procedimientos disciplinarios tendientes a investigar las situaciones descritas.
Además, junto con enviar el informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), se remitirán estos antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que procedan.
