Un gran remezón provocó durante el plenario del Consejo Regional de Los Lagos, realizado ayer en Quellón, la intención de algunos consejeros de acudir al Ministerio Público para buscar que se aclare por qué al menos seis entidades privadas con las cuales el Gobierno Regional firmó convenios de transferencia, hasta la fecha no han reintegrado recursos por programas a los cuales se les dio término anticipado al no contar con toma de razón de Contraloría.
Según publicó este jueves diario El Llanquihue el debate se inició el día martes durante la sesión de la Comisión de Hacienda. En la oportunidad, los consejeros decidieron redactar un documento con la intención de entregarlo al gobernador regional como instancia previa a recurrir a la fiscalía.
Dicha decisión fue gatillada tras la información recibida por los representantes regionales de que, pese a haberse anunciado un cierre acordado de programas al 30 de noviembre de 2023, hasta la fecha 6 o 7 organizaciones no habrían hecho reintegro de los recursos recibidos al Gore Los Lagos.
La cifra, que involucra montos transferidos durante 2022 por alrededor de 3 mil 262 millones de pesos, provocó preocupación entre los miembros de la Comisión de Hacienda, que de manera bisemanal reciben informes acerca del estado de avance del proceso de reintegro por concepto de los 29 programas que fueron objetados por Contraloría.
La presidenta de la instancia, la consejera María Angélica Barraza (UDI), la encargada de poner el tema sobre la mesa poco antes del receso de mediodía. “El último punto es la inquietud que tenemos con respecto al hecho de que las entidades ejecutoras de programas que se están cerrando, muchas de esas organizaciones, fundaciones, no han reintegrado recursos (…) De hecho, se elaboró una lista ayer de siete de estas fundaciones porque han demorado mucho en el reintegro (…) Nuestra intención era primero dárselo a conocer a usted y después, si existe la posibilidad, depende de cada consejero, llevar este documento a la Fiscalía porque hay fundaciones que no están cumpliendo. Eso fue lo que se nos informó ayer”, mencionó.
La respuesta del gobernador regional, Patricio Vallespín, fue inmediata y atribuyó lo sucedido a la falta de información de parte de los jefes de división del Gore, por lo que propuso una sesión especial de la comisión para entregar todos los antecedentes necesarios.
“No es que todos tengan que devolver todo”, explicó Vallespín. “Acá no hay un cierre en que hay una fecha y se acaba, porque entendíamos que había programas que tenían que seguir adelante para poder resolver los temas, las prótesis de adultos mayores, la compra de los somieres, etcétera, y cada caso se analiza en términos particulares. Esto es un tema técnico administrativo”, recalcó.
De igual modo, la autoridad afirmó que Contraloría está informada de todos los pasos que se están dando en esta materia. “Es más -dijo- después le pedimos que lo revise, porque lo que queremos es que sea lo más correcto posible en temas que ellos tampoco tienen del todo claro el mejor proceder”.
El consejero Francisco Reyes (PS) comentó que hasta el momento hay un porcentaje de un 46,2% de reintegro, que equivale a $7.412 millones, “es decir, queda más de la mitad a reintegrar”. “Independiente de cualquier explicación técnica, hay 6 o 7 instituciones privadas que no han reintegrado y eso es lo que se nos tiene que aclarar con todos los antecedentes sobre la mesa”, replicó.
Por su parte, la consejera Patricia Rada (CS) aclaró que la resolución adoptada por la comisión “tiene que ver con una pregunta que estamos haciéndonos todos desde hace meses, ¿dónde está la plata que no se ha reintegrado y qué se está haciendo con esa plata? Y esa atribución de mirar las cuentas corrientes, de poder preguntarle a la institución si esos mil millones cuando el Gobierno Regional le dijo que iba a cerrar el programa los dejó donde estaban o los pasó a fondos mutuos, o los invirtió en una propiedad, o se compró un Instituto Profesional, o no se qué, ¿la tiene el Gobierno Regional?, no; ¿la tiene el Consejo Regional?, no; ¿la tiene Contraloría General de la República?, no. ¿La tiene el Ministerio Público? Si”.
Patricia Rada puntualizó que “la intención de este documento no es abrir más flancos para quedar todos expuestos. Acá lo que queremos es contribuir a que se esclarezca de modo transparente y con los más altos estándares de probidad cuál es la situación actual, hoy, marzo de 2024, de esas lucas”, concluyó.
