Una querella criminal contra todos quienes resulten responsables, presentaron los concejales de Puerto Montt, Fernando Binder, Juan Carlos Cuitiño, Yerko González y Emilio Garrido, ante el Juzgado de Garantía de la capital regional, dando cuenta de una “eventual sustracción irregular y posterior abastecimiento de agua potable a terceros, con cargo y pago municipal”.
Tras ingresar el documento, los concejales junto al abogado patrocinante, Braulio Sanhueza, dieron cuenta que la sustracción del líquido vital, se realizaría “por medio de una red de cañerías, estanques de acumulación y bombas elevadoras, que se inicia, con conexiones directas, a la red de agua potable del recinto institucional denominado Parque Municipal La Paloma”.
Además, y tras una fiscalización efectuada por los propios ediles, señalaron haber constatado “un aumento significativo en el consumo de agua potable del Parque La Paloma y que, en el transcurso de 10 años, se totalizaron 197.767 metros cúbicos, con un pago que asciende a los 114 millones 696 mil 308 pesos”.
“Creemos que estos antecedentes son extremadamente gravosos y que eventualmente podrían calificar como una posible comisión de delitos y dada la prognosis del caso, la cual sustenta la presentación de una querella criminal, es nuestro deber elevar estos antecedentes a la justicia penal con el fin de que se investigue un probable fraude al fisco”, explicaron los concejales a través de una declaración pública.
En tanto, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, confirmó que en efecto se está entregando agua desde el Parque La Paloma a unas 200 familias del sector Tres Lagunas. “Se trata de una zona rural, donde se han hecho algunas investigaciones al respecto, por parte de la Subdere y con fondos municipales para ver si estos vecinos pueden tener agua. Actualmente son cerca de 200 familias que les estamos entregando agua nosotros (municipio) y eso no puede ni debe seguir ocurriendo”, reconoció a soypuertomontt.cl.
En esa línea, la autoridad comunal informó que “hace un tiempo atrás, un año o un año y medio, instruí un sumario para ver las responsabilidades. Entiendo que está en fase de término, he pedido urgencia, porque estos temas son más que nada administrativos y hay que arreglarlos. Estamos entregando también todos los informes a Contraloría y también se le está informando a la gente. Los vecinos están preocupados, pero a través de los programas sociales seguiremos entregando agua, pero a través de los camiones aljibe, siempre y cuando ellos cumplan con el Índice de Vulnerabilidad, estamos hablando entre el 40 y el 60%”.
Además, Paredes descartó la comisión de algún delito. “Hay un desorden que nosotros tenemos que ordenar y eso significa catastrar nuevamente, actualizar el catastro, para ver a qué gente nosotros le vamos a cambiar la forma de entregar agua, ahora con camiones aljibe porque ellos estaban desde el Parque La Paloma y eso ya no se va a poder seguir haciendo”.
