El Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Jaime Anguita contra el Fisco de Chile, en la que solicitaba una compensación de casi mil millones de pesos por los daños que afirmó haber sufrido durante la investigación del caso de la muerte de su esposa, Viviana Haeger, ocurrida en 2010 en Puerto Varas.
Si bien los jueces reconocieron que se cometieron errores durante la pesquisa y la fase de seguimiento del caso, concluyeron que estos no constituyen responsabilidad legal, al no existir un nexo directo entre los servicios prestados por los organismos públicos y los daños reclamados. En otras palabras, los errores administrativos o procedimentales no generaron consecuencias jurídicas que pudieran traducirse en indemnización monetaria.
Aunque la sentencia advirtió errores cometidos por la PDI, el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal (SML) en distintas etapas de la investigación, asimismo, se determinó que no existía una relación causal entre las actuaciones de los organismos públicos y el daño alegado por Anguita, razón por la cual se rechazó la indemnización solicitada.
El caso Haeger se convirtió en uno de los crímenes más impactantes del país. La contadora desapareció en 2010 y fue encontrada 42 días después, sin vida, en el entretecho de su vivienda en Puerto Varas.
La demanda de Anguita se estructuraba en torno a cinco puntos centrales: la prisión preventiva del viudo, la “pérdida de un padre”, la “destrucción de una familia”, la infancia “totalmente disfuncional” de su hija y el “excesivo escrutinio público”. Cada uno de estos elementos estaba asociado a montos que el tribunal calificó de “exorbitantes”. Además, el viudo intentó incluir gastos personales, como honorarios de abogados y el traslado desde Alemania de su hija, como parte de los daños emergentes, lo que también fue rechazado.
En total, Anguita solicitaba cerca de $2 mil millones, distribuidos entre daño patrimonial y daño emergente, y pedía además $300 millones para cada una de sus hijas por daño extrapatrimonial, argumentando que ellas habían sufrido las consecuencias directas de la detención injusta de su padre y la exposición mediática del caso.
En un inicio, su esposo Jaime Anguita y el obrero José Pérez Mancilla fueron los principales sospechosos. Pérez confesó y fue condenado por robo con homicidio, mientras Anguita fue absuelto por falta de pruebas, en medio de fuertes críticas a la labor investigativa y pericial.
