La permisología, concepto que se refiere a la burocracia excesiva del Estado en la aprobación de proyectos de inversión, aparece como una de las mayores barreras microeconómicas para el desarrollo. En Chile, los proyectos de inversión listados en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para descartar que generen impactos negativos en el entorno.
En este contexto, la Universidad San Sebastián (USS), a través de su Facultad de Economía y Gobierno, entregó el primer Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) para Los Lagos. Esta medición estimó la pérdida de actividad económica producto del retraso de puesta en marcha de proyectos.
El informe de la USS identificó solo nueve proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en 2023 dentro de la región, un 70% menos que el promedio histórico por año (27 proyectos aprobados). El 60% de los proyectos tramitados estuvieron en calidad de retraso, lo que significó un costo económico de US$160 millones anuales. Esta cifra corresponde al 8,4% del costo total del sistema a nivel nacional (US$1.900 millones).
Alejandro Weber Pérez, decano de la Facultad de Economía y Gobierno USS, sostiene que “la autorización ambiental es de máxima relevancia, pero la institucionalidad se deslegitima si no es posible agilizar su operación. Cuando el horizonte de ejecución de un proyecto es mayor a lo esperado, eso afecta su valorización económica y financiera. Es de suma relevancia identificar este costo económico, pues tiene una directa relación con las oportunidades laborales, ingresos para familias y desarrollo productivo no generado. Es un punto clave en un contexto en que Chile enfrenta grandes desafíos para crear mayor prosperidad económica, inclusión social y protección ambiental”.
Al considerar inversiones aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la Región del Los Lagos esta fue de US$140 millones durante 2023 (1% del total nacional). Este monto corresponde a un 40% del promedio de los últimos veinte años en la zona. Los proyectos relacionados con pesca y acuicultura junto con infraestructura abarcaron el mayor porcentaje de esta inversión.
Para el vicerrector de la sede De la Patagonia, Sergio Hermosilla, “la entrega de estos informes busca responder a interrogantes sobre el por qué la inversión en nuestro país se estanca o qué ocurre con la cadena de autorizaciones para que los proyectos tengan que ejecutarse finalmente. Es una preocupación importante que afecta al desarrollo y, desde luego, una información disponible para que nuestras comunidades, la región y el país en general, pueda tener las orientaciones oportunas para una adecuada toma de decisiones”.
Al considerar iniciativas aprobadas en el periodo 2019-2023, un proyecto en Los Lagos tomó, en promedio, 437 días corridos en aprobarse desde que ingresó al sistema hasta que logró una RCA positiva, casi 40 días más que el promedio a nivel nacional.
Si se revisa esta tramitación por rubro, Alejandro Weber detalla que “un caso preocupante es el rubro energético, donde un proyecto tuvo un tiempo promedio de 450 días en tramitación, lo que está un 31% sobre el promedio nacional.
Weber además enfatiza en el impacto social de estos retrasos. “Si solo consideramos el sector energético, si estas iniciativas hubieran sido aprobadas podrían aportar más de 3 mil puestos de trabajo. Tomando en cuenta todos los rubros esta cifra supera las 8 mil oportunidades laborales, algo que no podemos desperdiciar”, finaliza.
En conclusión, el informe reveló que, si las iniciativas con retraso hubieran sido validadas, podrían aportar más de 8 mil puestos de trabajo en la región y que la inversión aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental fue de US$ 140 millones el año pasado, lo que corresponde al 40% del promedio de las últimas dos décadas en la región.
