Tal como hemos informado, la fiscalía de Puerto Montt amplió la indagatoria sobre un megafraude automotriz que involucra la compra de un Audi Q8 por 40 millones de pesos con identidad suplantada.
La abogada de la víctima, Josefa Astorga, el médico Fernando Astorga, quien vive en Los Andes, pidió investigar a la notaría donde se realizaron los trámites, al cuestionar los mecanismos de seguridad que permitieron validar firmas falsas y una firma electrónica avanzada obtenida fraudulentamente en lo que aparentemente se suplantó la identidad del facultativo.
Según la abogada, los estafadores aprovecharon el extravío de la cédula de identidad del profesional para vulnerar su Clave Única y obtener una firma electrónica avanzada, con la cual firmaron el pagaré del crédito.
“Él nunca dejó certificada su firma en la notaría en Puerto Montt. La Fiscalía debe investigar al notario y a sus funcionarios, porque se vulneraron mecanismos que deberían garantizar la seguridad jurídica”, señaló Astorga.
La penalista añadió que este modus operandi demuestra un método delictivo sofisticado, con acceso a información confidencial que normalmente exige controles estrictos en el Registro Civil.
La querella busca determinar si la notaría cumplió con la obligación legal de verificar la identidad de quienes comparecen. Astorga advirtió que estas falencias “ponen en tela de juicio la seguridad jurídica en todo ámbito, incluso el de las notarías”.
Asimismo, recordó que la firma electrónica avanzada equivale a una escritura pública, por lo que tiene plena validez jurídica, incluso si fue utilizada en un acto fraudulento.
La causa, a cargo de la fiscal Karen Rosas y el SEBV de Carabineros, fue formalizada el 8 de agosto, en la que cuatro imputados permanecen en prisión preventiva:
Los dueños de la Automotora del Sur,
Un ejecutivo de la concesionaria Difor,
Y un ejecutivo del Banco Santander.
Un quinto involucrado, señalado como intermediario, cumple arresto domiciliario.
La investigación, que abarca tres casos similares detectados desde enero, fue calificada como eficiente por la abogada, quien destacó que la Fiscalía logró las medidas cautelares más gravosas.
El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 50 días para cerrar la indagatoria, mientras las víctimas —incluido el verdadero dueño del Audi Q8— esperan que se aclaren responsabilidades y se anulen los efectos del pagaré fraudulento.
