La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 242 municipios de 346 del país, es decir, el 70% del total, otorgaron o renovaron licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto es un claro incumplimiento de la ley, ya que desde 2022 está prohibido otorgar licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia.
Según el informe de la CGR, se otorgaron un total de 3.432 licencias de conducir a personas que adeudan pensión alimenticia. De estas, 2.876 corresponden a licencias no profesionales, 1.509 son profesionales y 945 son de tipo “especiales”. Además, se determinó que seis municipios del país entregaron más de 100 licencias de conducir de manera errónea.
En este sentido, se informó que el 70% de las municipalidades no respetó la normativa, en cifras más exactas, más de 3.400 personas registradas como deudores de pensión de alimentos entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, pudieron obtener su licencia de conducir.
Esta situación afectó directamente a 4.706 niños y niñas, con un monto total adeudado de $17.473 millones.
En la Región Metropolitana, el 94% de las municipalidades no cumplieron con la ley. Mientras que a nivel nacional, seis municipios entregaron más de 100 licencias a deudores. En cifras exactas, en Antofagasta se entregaron 172 licencias, en La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y en Arica (111).
Por su parte, la CGR subrayó que la responsabilidad recae en los funcionarios municipales a cargo del trámite, quienes deben verificar si el solicitante figura en el registro correspondiente.
La CGR también detectó que 65 funcionarios municipales y un concejal habrían obtenido o renovado su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia. Además, se encontró que 482 personas deudoras son familiares de funcionarios que trabajan en la municipalidad en donde habrían obtenido o renovado su licencia de conducir.
La CGR anunció que está evaluando futuras fiscalizaciones sobre esta situación con el propósito de corroborar eventuales infracciones advertidas y ejercer las acciones correctivas que correspondan.
