Tras darse a conocer el grave incumplimiento a los principios de probidad administrativa, la Contraloría General de la República, con sede en Puerto Montt, remitió los antecedentes a la fiscalía respecto del convenio que suscribió el municipio local con la Corporación GEA Vida y requirió que se decida un eventual proceso de invalidación del traspaso de 432 millones de pesos.
El cuestionamiento surge porque el decreto que permitió tal subvención fue firmado por la directora de Desarrollo Comunitario, Carla Comicheo, mientras su esposo era el presidente de la Corporación en cuestión, traspasando en la primera cuota más de 200 millones.
El informe del ente contralor detalla que “la existencia de conflictos de intereses por parte de la directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Puerto Montt, así como la suscripción de un convenio que no contenía información fidedigna por parte de la Corporación GEA VIDA” serán remitidos al Ministerio Público a fin de determinar eventuales delitos.
Según constató la Contraloría, un día después de conseguir el convenio, el cónyuge de Comicheo dejó el cargo. Por ello es que las observaciones y recomendaciones es que el municipio resuelva un eventual proceso de invalidación del traspaso de los recursos.
Hasta el momento nadie del municipio de Puerto Montt se ha referido al tema.
