La concejala de la comuna de Puyehue, Patricia Obando Ricardi, enfrentó su audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Osorno tras ser detenida el pasado jueves 11 de junio, como parte de una fiscalización conjunta realizada por la Autoridad Sanitaria y personal de Carabineros.
El procedimiento se llevó a cabo en un local comercial de su propiedad, denominado “La Botika”, ubicado en calle O’Higgins, en la localidad de Entre Lagos.
La autoridad sanitaria regional, liderada por la seremi de Salud Evelyn Brintrup, confirmó la medida luego de una fiscalización programada en la comuna de Puyehue. Durante la inspección, los fiscalizadores constataron el expendio de sustancias medicinales cuya venta está estrictamente restringida para este tipo de categorías comerciales.
El procedimiento escaló tras el hallazgo de productos regulados bajo la legislación de drogas y estupefacientes en Chile. Ante la presencia de medicamentos bajo control especial de la Ley 20.000, el personal técnico notificó de inmediato a Carabineros de Chile y al Ministerio Público para iniciar las indagatorias penales.
Según los antecedentes expuestos por el fiscal Narciso García, durante la inspección se constató la existencia de fármacos sujetos a regulación especial según la Ley 20.000, productos que por normativa solo pueden ser comercializados en establecimientos autorizados, situación que no cumplía dicho recinto.
Cabe precisar que no se trata de sustancias prohibidas para el consumo, sino de artículos cuya venta está reservada a farmacias o recintos habilitados por la autoridad.
En tanto, la defensa de la concejala, entregó una versión distinta de los hechos, al señalar que ya en marzo pasado una visita de la Seremi de Salud había detectado esa misma mercadería y había ordenado el cierre parcial del local. Según este relato, la medida fue acatada y los medicamentos solo permanecían guardados, sin estar a la venta ni al alcance del público.
Como resolución judicial, el tribunal impuso como medida cautelar el arraigo nacional para la autoridad comunal, quien al salir de la diligencia optó por no entregar declaraciones.
La seremi de Salud enfatizó que las acciones de control se han intensificado en la provincia. De acuerdo con las cifras institucionales, los decomisos ejecutados durante el año 2026 ya representan el 42% de la totalidad de los productos incautados por la autoridad regulatoria durante el periodo 2025.
El Ministerio Público dispuso un plazo de 120 días para desarrollar todas las indagaciones necesarias y aclarar la dinámica exacta de lo ocurrido.
