Una histórica condena dictó el Juzgado de Garantía de Puerto Montt contra el tesorero del Gobierno Regional de Los Lagos, José Rigoberto Mora Cárcamo, tras acreditar que entre 2019 y 2023 sustrajo sistemáticamente recursos públicos, causando un perjuicio al Estado de $316.931.413.
En procedimiento abreviado (causa rol 6.644-2023), el juez Rolando Díaz Coloma acogió la propuesta del Ministerio Público, respaldada por el Consejo de Defensa del Estado, y sentenció a Mora Cárcamo a:
- 5 años y un día de presidio efectivo por el delito reiterado de malversación de caudales públicos.
- 3 años y un día de presidio efectivo por el delito de lavado de activos.
- Multa de $633.862.826, equivalente al doble de lo sustraído.
- Pago de 300 UTM adicionales por lavado de activos.
- Inhabilitación perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.
Además, deberá someterse a la toma de muestras biológicas para registrar su ADN en la base de datos nacional de condenados, y se ordenó el comiso de dos vehículos y otras especies incautadas.
El tribunal también condenó a:
- Sergio Miralles Triviño, amigo del tesorero, a 3 años y un día de cárcel y multa de 300 UTM.
- Sus hermanas Rocío y Magaly Mora Cárcamo, a 3 años de presidio efectivo y multa de 200 UTM cada una, por incorporar al patrimonio familiar los dineros públicos, sabiendo su origen ilícito.
Recordemos que entre el 28 de abril de 2019 y el 29 de marzo de 2023, Mora Cárcamo, aprovechando su cargo y acceso a claves bancarias de otros funcionarios, ejecutó al menos 40 transferencias a personas naturales y jurídicas relacionadas por lazos familiares y de amistad, encubriendo así el desvío de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros presupuestos del Gobierno Regional.
Parte del dinero fue transferido a la Agrupación Social y Cultural Mirador de Puerto Montt, presidida y administrada por sus hermanas, quienes lo usaron para fines personales.
Este fallo marca un precedente en la región por la contundencia de las penas y el desmantelamiento de un esquema que operó durante casi cuatro años, vulnerando la confianza pública y desviando fondos destinados al desarrollo local.
